Penalización por permanencia
Incluido en ASNEF por penalización por permanencia
1 de Marzo de 2022
Por iMorosity
Muchos de nuestros clientes nos muestran su preocupación por estar incluidos en los ficheros de morosos por deudas pendientes con sus compañías telefónicas. Una de estas deudas puede ser la penalización por permanencia.
La penalización por permanencia suele ser un requisito habitual en el momento de contratar una línea telefónica, pero puede convertirse en un problema a la hora de realizar un cambio de compañía.
¿Me pueden suspender el servicio por impago?
Sí, si se realiza un impago a la compañía telefónica la empresa tiene derecho a suspender los productos contratados hasta la regularización de dichos pagos.
Si el importe impagado supera los 50€ en el caso de particulares o 300€ en el caso de empresas la compañía telefónica podrían meternos en una lista de morosos como ASNEF o EXPERIAN hasta el pago del importe adeudado.
¿Es legal cobrar penalización por permanencia?
Sí, las compañías telefónicas tienen derecho a cobrar penalización por permanencia si el usuario lo aceptó al contratar el servicio.
Es importante destacar que según el artículo 62.5 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, solo se está obligado a pagar el importe proporcional al tiempo que falte para la finalización de la permanencia, por lo que en ningún caso podrán cobrar el importe completo. Si el importe de la permanencia es considerado abusivo podría reclamarse.
“En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado”
Qué derechos tengo ante la penalización por permanencia
La permanencia se establece en el momento de la firma del contrato, y la compañía telefónica no puede ampliarla sin nuestro consentimiento ni prolongar el contrato sin nuestra autorización.
Si la compañía decide aumentar el precio de la tarifa está obligada a comunicarlo con un mes de antelación, y el usuario tiene derecho a rescindir el contrato sin ningún tipo de penalización.
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